La medida buscaba prohibir la entrada de inmigrantes procedentes de seis países de mayoría musulmana.
La Justicia estadounidense sigue considerando anticonstitucional el veto migratorio del Gobierno de Donald Trump por discriminar por motivos religiosos. El Tribunal de Apelaciones del cuarto distrito de EE UU, con sede en Richmond (Virginia), acordó este jueves mantener bloqueado el decreto. La orden ejecutiva prohibía la entrada al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días.
Otro tribunal de apelaciones de San Francisco, de tinte más progresista que el de Virginia, debe dirimir sobre otro recurso del Gobierno ante la paralización del veto. Pero ambos casos se dirigirán probablemente al Tribunal Supremo para que tome una decisión final sobre la constitucionalidad de una de las principales promesas electorales del presidente republicano.
La batalla judicial concierne al segundo veto migratorio que firmó Trump y que debía entrar en vigor a mediados de marzo, pero que fue paralizado por los tribunales poco antes de su implementación tras ser recurrido por organizaciones sociales. El veto era más limitado que el primero, cuya entrada en vigor fue caótica y fue suspendido por la Justicia a los pocos días.
Diez de los 13 jueces del tribunal de Virginia votaron a favor de mantener la suspensión del decreto migratorio. Los abogados del Gobierno esgrimen que el texto responde a motivos de seguridad nacional y no religiosos. Pero, igual que el resto de tribunales que han seguido el caso, el pasado sigue persiguiendo a Trump. Los jueces de Virginia sostienen que no pueden obviarse las declaraciones que hizo el republicano durante la campaña electoral a favor de un “cierre completo” a la entrada de musulmanes a EE UU.
El tribunal argumenta que Trump “habla con palabras vagas de seguridad nacional, pero en un contexto salpicado de intolerancia, animosidad y discriminación”. En el fallo, de 205 páginas, la mayoría de jueces expresan que no están "plenamente convencidos" de que el decreto guarde más relación “con la seguridad nacional que con la promesa de campaña del presidente Trump de vetar el ingreso de musulmanes al país”.
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