COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ. Bajo un fuerte contingente policial, una jueza de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso un año de presión preventiva como medida de coerción a las ocho personas acusadas de participar en el asesinato del viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos Hilario y de su hijo Víctor Manuel Santos Gutiérrez, ocurrido hace varias semanas dentro de su propia residencia.
Se esperaba que el conocimiento de la medida se efectuara el pasado viernes, pero fue aplazada, debido a que el Departamento de la Defensoría Pública de la provincia Juan Sánchez Ramírez se inhibió. El caso fue asumido por representantes públicos de la jurisdicción de La Vega.
Tanto los abogados como los familiares de Santos Hilario se mostraron conformes con la medida. Mientras, pidieron a las autoridades garantizar la integridad física de los imputados, ya que no descartan que detrás del doble crimen haya sicariato. “Nosotros estimamos que los implicados deben ser separados y enviados a diferentes centros carcelarios del nuevo modelo. Ahí es difícil que articulen cualquier situación en su contra”, manifestó Cándido Simón Polanco, abogado de la familia.
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